LA AWC LLAMA A LAS AUTORIDADES DE NICARAGUA A DEROGAR LA PROHIBICIÓN ANUNCIADA DE 1.500 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

La Association of World Citizens (Asociación de Ciudadanos del Mundo; AWC) expresa su alarma al aprender que las autoridades de la República de Nicaragua anunciaron el 19 de agosto la prohibición de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de ellas organizaciones de beneficencia católicas romanas, aunque, lamentablemente, la medida también ha afectado a la Cruz Roja Nicaragüense.

Desde abril de 2018, el Gobierno encabezado por el Presidente Daniel Ortega ha adoptado un cariz abiertamente autoritario, tras las protestas cuya violenta represión, según las Naciones Unidas (ONU), ha dejado más de 300 muertos. En este contexto, casi todos los opositores políticos han sido encarcelados o forzados al exilio.

En cuanto a los grupos de la sociedad civil, esta última medida eleva a 5.000 el número de ONG prohibidas por las autoridades en los últimos seis años. Todos los grupos prohibidos han visto sus bienes confiscados por el Gobierno. Aunque la razón oficial esgrimida es que estas ONG no han declarado sus ingresos, la semana pasada se aprobó una normativa que obliga a las ONG a establecer “alianzas de asociación” con las autoridades, con lo que prácticamente se acaba su carácter “no gubernamental”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido “a las autoridades nicaragüenses que dejen de imponer restricciones severas a los espacios cívicos y democráticos del país y que garanticen el respeto de los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”.

La AWC respalda sin reservas este llamamiento, instando al Gobierno de Nicaragua a rescindir de inmediato su prohibición anunciada y a restablecer a todas las ONG ilegalizadas desde 2018 su estatus jurídico y financiero inicial, garantizando además que sean libres de operar como consideren conveniente, un requisito básico para cualquier país que pretenda defender el Estado de derecho.